ESPAÑA – ESTADO AUTONÓMICO
¿Unidad
estatal y diversidad nacional?
El problema
de las comunidades autónomas
Autónomo no
es lo mismo que autonómico. El Gobierno y la Asamblea de una
comunidad son autónomos (en ellos recae la autonomía). El
resto de los organismos y cargos que dependen o se incluyen en ellos
son autonómicos (relativos a la autonomía). La policía vasca
se denomina oficialmente Policía Autónoma. Por tanto, si se escribe
con mayúsculas puede llamarse de ese modo; pero
‘policía autonómica’, con
minúsculas, si no se la designa con su nombre propio. Ejemplo: ‘la
Ertzaintza, la policía autonómica vasca, ha detenido a dos presuntos
delincuentes’. (El
País. Libro de estilo)
La unidad de las
diferentes nacionalidades y culturas de España siempre ha sido una
tarea difícil. En el XVIII ya advertía un observador:
"Un andaluz no se
parece en nada a un vizcaíno, y un catalán no tiene nada de parecido
con un gallego; lo mismo se puede decir de un valenciano y de un
hombre de la meseta".
La diversidad regional
supone un enriquecimiento, pero también un gran problema político.
Esto creó una enorme tensión entre la tendencia a la integración y
la tendencia a la autoafirmación de las diferencias regionales.
Franco fue un centralista
autoritario cuyo interés radicó siempre en presentar a España como
una unidad homogénea. Franco sabía muy bien que todos los
movimientos republicanos en España partieron de las regiones. La
primera Constitución liberal, la de 1812, fue redactada y proclamada
en Cádiz durante el tiempo de la ocupación de España por parte de
las fuerzas de Napoleón. También sabía muy bien Franco que los
vascos eran muy republicanos.
Durante la Guerra Civil de
1936-39, los catalanes fueron una región muy democrática gobernada
por republicanos. Si se quiere entender bien hoy el problema de las
regiones autónomas en España, hay que tener muy presente este
centralismo exacerbado de cuarenta años de franquismo.
La
Constitución del 1978
define a España como una nación compuesta de diversas nacionalidades. La Constitución
democrática se base en la concepción de la unidad indisoluble de la
nación española, la patria común e indivisible de todos los
españoles; por otro lado, reconoce y garantiza a las regiones el
derecho a la autogestión.
A las tres
nacionalidades históricas:
Cataluña,
Euskadi
y
Galicia
se les concedió inmediatamente la autonomía. Más tarde,
Andalucía
alcanzaría los mismos derechos valiéndose de ciertos subterfugios
que dejaba la ley. Al poco tiempo, las así llamadas
comunidades
autónomas
alcanzarían el número de diecisiete (17). A las
regiones
históricas
se les concedió
amplios derechos a la autogestión en lo que concierne a la educación,
uso de la propia lengua, etc.
Cataluña,
Galicia y el
País Vasco se consideran
comunidades de nacionalidad histórica por haber conseguido un
Estatuto de Autonomía durante la II República española (1931-1936),
pero la Guerra Civil impidió el desarrollo de estos estatutos.
La división territorial y
administrativa de España es en algunos casos muy artificial, hecho
que no se ha corregido en la España de las autonomías. Un claro
ejemplo es la comarca natural de la Rioja que está repartida
actualmente en tres comunidades autónomas diferentes – País Vasco,
Navarra y Rioja –, y antes de la Constitución de 1978 en tres
regiones.
El sistema español de
comunidades autónomas se parece
más al sistema de los Länder de la República Federal
Alemana que al sistema federal austriaco. Para entender la situación
española hay que aclarar algunos conceptos:
En España se denominó
nacionales a los seguidores
de Franco, mientras que
nacionalistas
se llamaba a los defensores de las autonomías regionales. El así
llamado
nacionalismo,
cargado de tantas connotaciones negativas, tiene en España un
contexto muy diferente al que suele tener en otros países. La
Constitución democrática de 1978 acabó con el nacionalismo
franquista. No hay hoy en España ningún grupo político que se pueda
considerar como nacionalista a la vieja usanza. Tanto la Falange
como Fuerza Nueva han desaparecido prácticamente del mapa.
El nuevo nacionalismo se expresa hoy de otra manera: Primero soy
catalán, luego español y después europeo. Estas palabras de un
presidente de la Comunidad de Cataluña podrían ser suscritas por el
Presidente de Galicia o de Euskadi.
El problema del
regionalismo fue una de las mayores hipotecas que dejó Franco. La
democracia posfranquista tuvo que solucionar primero el problema de
las regiones, para pasar luego a la reconstrucción de las
instituciones democráticas. Según Juan Antonio Fontán, la
democratización del país tuvo su soporte en los
tres pactos:
Uno es el
pacto político de derechas e
izquierdas que se hace en la Constitución: establecimiento del
sistema democrático.
Otro es el
pacto económico de empleadores y
empleados; no olvidemos que durante la Guerra Civil la mayoría de
la clase burguesa estaba de parte de Franco, mientras que la clase
proletaria y trabajadora era republicana. La reconciliación fue
llevada a cabo mediante negociaciones de las correspondientes
organizaciones. Fue pues un pacto social.
Y finalmente el
pacto del Estado: las
nacionalistas catalanes y vascos acuerdan con el Estado central una
forma de administración autónoma que quedó plasmada en los estatutos
de las regiones autónomas.
Se llama
periodo de transición o la
transición a los años 1975-1978, el tiempo que va entre la
muerte del general Franco y la proclamación de la Constitución
democrática de 1978. Fue un tiempo en el que tanto la derecha
franquista como la izquierda terrorista intentaron impedir la
instalación de la democracia en España.
La consolidación
definitiva de la democracia no tuvo lugar hasta después del 23 de
febrero de 1981, tras el intento de golpe del teniente coronel
Tejero, que fracasó por la entereza y firmeza que mostró el rey Juan
Carlos I:
La
Corona, símbolo de permanencia y unidad de la Patria, no puede
tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que
pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que
la Constitución, votada por el pueblo español, determinó en su
día.
En los años sesenta España
logró un desarrollo económico y tecnológico europeo que no estaba en
consonancia con las anticuadas estructuras políticas del régimen
franquista. Los años ochenta pusieron las estructuras políticas y
las instituciones al nivel del avance económico. Con el ingreso de
España en la Comunidad Europea culmina el proceso democrático de
España.
La movida de Madrid y la fundación del periódico El
País colaboraron a la democratización intelectual, a la
liberalización de las costumbres, a la emancipación de una
concepción tradicional de la vida. La palabra movida no es más que un sinónimo para liberalización y democratización
creadora. La España que tradicionalmente despreciaba lo nuevo (desprecia
cuanto ignora, que decía Antonio Machado), la España
inmovilista, se abría ahora a toda manifestación artística.
Madrid se convertía en centro cultural, en la capital más movida
de Europa. El franquismo había reprimido todos los signos de
modernidad en España. Pero el nacionalismo no es una ideología:
El nacionalismo
es la pura autoafirmación.
(Fernando Savater)
El Estado nacional
español
se troqueló
ya muy temprano. Hubiera sido mejor haber esperado más, pues las
costuras de ese Estado nacional resultaron más tarde demasiado
flojas e inconsistentes:
Hoy celebramos un
acontecimiento trascendente en la vida de la nación: el quinto
centenario del matrimonio de los Reyes Católicos.
(Francisco Franco, el 18
de octubre de 1969). El matrimonio de los Reyes católicos en el 1469
fue conmemorado por Franco como el nacimiento de la nación moderna
española. España fue el primer país europeo que alcanzó la unidad
nacional en sentido moderno, como unidad de formas culturales de
vida.
Pero el
centralismo estatal no fue
obra de los Reyes Católicos ni de los Austrias, sino de los
Borbones que en 1833 hicieron la división administrativa de
España en 50 provincias. Es cierto que el Estado centralista de los
Borbones fomentó la modernización del país: la escolarización, las
vías de comunicación y la vida pública en general. Consecuencia
negativa fue su excesiva burocracia y su extrema homogeneidad
cultural que rayaba ya en la represión de toda forma cultural
diferente a la impuesta: represión de toda forma cultural y
expresión lingüística en Cataluña y las Vascongadas.
La
identificación de España con Castilla:
Los ideales religiosos y guerreros de Castilla llevaron a la unidad
de España bajo signo cristiano, tras la derrota de los árabes y la
expulsión de los judíos de España, así como a la conquista de
América y la postura defensiva contra la Reforma protestante. El
ideal del caballero cristiano siguió vivo incluso después de
la Reconquista, y resistió los embates de la Europa industrial
moderna.
Hay la posibilidad de
que se forme un centralismo tecnocrático, fomentado por la clase
política, que pueda llegar a ver en el sistema de las comunidades
autónomas un lujo demasiado caro y superfluo, que fue una concesión
hecha en el período de la transición a la democracia. y que ahora
significa un verdadero impedimento a la evolución de España hacia
una forma de vida más racional y moderna. La pertenencia de España a
la OTAN y a la CE podría favorecer a un neocentralismo
tecnocrático. Otra posibilidad sería la de que sólo siguieran
funcionando dos o tres comunidades autónomas (las correspondientes a
las regiones históricas de Cataluña, Vascongadas y Galicia) y que el
resto fueran solamente instituciones de una administración
descentralizada, pero sin tener capacidad de decisión. La última
posibilidad sería que se llevaran a cabo todas las posibilidades
previstas en la Constitución de 1978 para que, si bien la
Constitución prohíbe que las regiones autónomas formen una
federación ente sí, en realidad el Estado sí podría funcionar de una
forma verdaderamente federal.
(Xavier Sellés Ferrando, Consejero de Prensa y de Cultura de la
Embajada de España en Viena)
Entre la mitificación de
la sacrosanta unidad de la Patria y la eterna protesta contra la
ocupación por parte del eterno centralismo, España ha encontrado una
vía media democrática.
Las constitución
histórica de España hacia el siglo XXI debería concentrarse en dos
cosas: el reconocimiento de la diversidad cultural de lenguas
nacionales y, por otro lado, la aceptación de que hay un vínculo
común a todas las regiones españolas que no debe limitarse a ver que
hay un gobierno central en Madrid, sino que consiste en el hecho de
que todos los españoles nos entendemos sin reservas, aunque sólo sea
para discutir entre nosotros, en una lengua común: el castellano,
el español.
(Pedro Laín Entralgo)
Cataluña,
Euskadi y Galicia
Las regiones históricas de
Cataluña y
Euskadi son las
regiones más poderosas de toda España. Y paradójicamente son ellas
las que tienen la sensación de ser las perseguidas por el resto del
país y ser las víctimas de una política centralista. Por otra parte,
muchos españoles de otras regiones no se someten a tener que
aprender catalán o vasco para poder trabajar en estas regiones, pues
piensan que tiene más sentido aprender inglés o francés para
comunicarse con Europa y no una lengua regional.
“Nación,
nacional.
España se configura históricamente, y así se entiende en el debate
constitucional, como una «nación de naciones». La expresión
‘nacional’ se aplicará principalmente a la cualidad de español: ‘la
selección nacional’, ‘la contabilidad nacional’ (y no ‘la selección
estatal’ ni ‘la industria estatal’, que es el INI), aunque es
preferible usar directamente las palabras ‘español’ y ‘española’:
‘la selección española’, ‘la economía española’. En otros casos,
conviene especificar: ‘la conciencia nacional vasca’.
Nacionalidad.
Dícese de “la condición y carácter peculiar de los pueblos e
individuos de una nación”, o “estado propio de la persona nacida o
naturalizada en una nación”. La Constitución española se refiere
también, en otra acepción, a los derechos de “las nacionalidades y
regiones”, constituidas políticamente en comunidades autónomas. Se
podrá, pues, utilizar tanto ‘nacionalidad’ como ‘comunidad
autónoma’, o, más útilmente, ‘país’, pero debe evitarse en la medida
de lo posible, a este respecto, la expresión ‘la autonomía’ o ‘las
autonomías’.” [El País. Libro de estilo. Madrid: Ediciones El
País, 1990, p. 313]
Sistema político y organización
territorial del Estado
La
Constitución de 1978 supuso ruptura con el régimen anterior, y se
inspiró en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución
italiana de 1947, y la portuguesa de 1976: con un breve preámbulo
redactado por Tierno Galván. Reclama la vinculación de todos los
poderes públicos a la Constitución (art. 9.1),y es exigido su
juramento para ocupar cargos públicos, con lo que en esto imita
también a las Leyes Fundamentales del franquismo.
Propugna la libertad y la igualdad, es abierta, garantiza el derecho
a la libertad religiosa (art. 16.1),proclamando que ninguna
confesión tendrá carácter estatal (art. 16.3),aunque “los poderes
públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia católica y demás confesiones”. Consagra la economía de
mercado (art. 38), pero dentro de un Estado social y democrático
(art. 1.1).
Considera a la Corona un órgano diferenciado del Estado, símbolo de
su unidad y permanencia, con las funciones que establece el art.
56.1. El rey no puede actuar jurídicamente sin refrendo (arts. 16.3
y 64), y no está sujeto a responsabilidad (art. 56.3).
Consagra, pues, una economía social de mercado, con intervención
pública. En lo que se nota las contradicciones propias del consenso
que la redactó, con descentralización económica y administrativa.
Fue reformada como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado
de la Unión Europea, pero sólo para añadir “y pasivo” en el art.
13.2 (derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales).
El
título VIII, el más ambiguo, se ocupa de la organización del Estado,
pues a pesar de la unidad de la Nación española del art. 2, el mismo
artículo garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran.
El
art. 137 habla de municipios, provincias y Comunidades Autónomas,
por lo que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las
Comunidades Autónomas poseen relevancia constitucional, y gozan de
la naturaleza de ser también Estado. Pero la autonomía no es
soberana, ya que es parte del todo.
El
privilegio a las nacionalidades históricas (Catalunya, Euskadi y
Galicia) es lo que incitó a que se legislaran dos vías de acceso a
la autonomía (arts. 151 y 143), lo que supone distintos tipos
actuales de Comunidades Autónomas, según el nivel actual de
competencias. Se institucionalizaron, pues, autonomías plenas, las
nacionalidades, y limitadas, las regiones.
Como resultado existen en España 17 Comunidades Autónomas, seis de
las cuales son plenas (Catalunya, País Vasco, Galicia, Andalucía,
Navarra y Valencia), y el resto son limitadas; y se ha superado el
número de autonomías plenas, porque Andalucía, Navarra y Valencia
exigieron las mismas competencias que las nacionalidades.
La
Constitución distingue entre competencias del Estado (art. 149), y
de las Comunidades Autónomas (art. 148); pero el Estado va cediendo
competencias según se las van solicitando, lo que acentúa la
división entre Comunidades de la que ya hemos hablado. Y el
instrumento decisivo en la configuración de las autonomías no es la
Constitución, sino los Estatutos.
La
Constitución, por ejemplo, no especifica las competencias
financieras de las Comunidades Autónomas, pues se remite a una
futura ley orgánica: la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas (Lofca), que rige para 15 autonomías, pues dos
(Euskadi y Navarra) se financian mediante convenios.
Este mecanismo financiero es favorable a las Comunidades más
prósperas, por lo que el Estado tiene que aplicar criterios de
solidaridad con las menos favorecidas; y poco a poco las comunidades
históricas, encabezadas por Catalunya, van reclamando más
competencias recaudatorias. El Estado generaliza después lo
concedido a Catalunya, pero algunas se niegan, al estar presididas
por otros partidos, lo que vuelve a originar diferencias entre las
distintas comunidades.
Al recibir las Comunidades Autónomas la mayor parte de sus recursos
vía transferencias del Estado han gastado sin control, lo que ha
aumentado el déficit público. Y tampoco es igual el concierto del
Estado con Euskadi que con Navarra.
La Constitución establece controles ordinarios (art. 153) y
extraordinarios (art. 155), pero son una fuente más de conflictos,
que tienen que resolver los tribunales de justicia.
[Rafael Gonzalo Jiménez]
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
NACIONALIDADES
REGIONES
EN EL DESARROLLO DEL ESTADO
AUTONÓMICO
Por Fernando Ríos Rull, Profesor de Derecho Constitucional
La
Constitución española, en su art. 2, reconoce y garantiza el derecho
a la autonomía de nacionalidades y regiones. Esa distinción, en
contra de lo que pudiera parecer, no va a desplegar ninguna
consecuencia jurídico constitucional, sino que, de haberlas, serán
meramente políticas.
En
efecto, es preciso recordar que el motivo que llevó al constituyente
a introducir el término, que no el concepto, de nacionalidad fue el
de conseguir un mayor consenso entre las fuerzas nacionalistas
periféricas y los ciudadanos de determinados territorios en torno al
modelo de descentralización política del poder contenido en el texto
constitucional que se iba a someter a la voluntad popular vía
referéndum. Sin embargo, ésa es la única referencia a tales
expresiones en el resto de la Constitución, ya que a partir de ahí
utiliza los términos territorios (DT 1ª y 2ª CE), provincias (arts.
143 y 144 CE), territorios insulares (143 CE) y comunidades
autónomas (entre otros, arts. 137, 138 y Capítulo III, del Título
VIII, CE) para referirse a esos nuevos entes dotados de autonomía
política.
En
nuestra opinión, el abandono de tales términos se debió a que no es
lo mismo el ente sociológico que el jurídico, es decir, existe una
clara diferencia entre nación
versus estado y
entre nacionalidad o región
versus
comunidad autónoma.
Los
primeros (nación, nacionalidad y región) son conceptos
socio-políticos que se refieren al grado de identidad colectiva de
los ciudadanos de un determinado territorio, estén constituidos o no
en Estado. Mientras que los segundos (Estado o comunidad autónoma)
son conceptos jurídicos, la organización de poder que rige, en un
determinado territorio, sobre los ciudadanos que habitan en él.
En
ese sentido, nos encontramos con Naciones-Estado (Francia, Irlanda,
Dinamarca, por ejemplo), Naciones sin Estado (pueblos tales como los
saharauis, los kurdos o los gitanos) y Naciones dentro de un Estado
plurinacional como Alemania, Gran Bretaña o Bélgica. Dentro de estas
últimas, se puede distinguir entre aquellas naciones que tienen
algún régimen de autonomía de las que no. España es un ejemplo de
Estado plurinacional descentralizado en autonomías territoriales.
La
propia Constitución española, sabedora del carácter plurinacional
del Estado, garantiza a esas naciones (nacionalidades para
distinguirlas de las Naciones-Estado) un régimen de autogobierno,
para que esos entes sociológicos cuenten con organizaciones
jurídicas con las que ejerce su autonomía política. Pero como dentro
del Estado español coexistían otros territorios, cuyos ciudadanos no
tenían ese grado de conciencia colectiva, a los que también se les
podrían aplicar regímenes autonómicos, introduce el término de
regiones. Unos y otros podrán participar de esa autonomía. No
obstante, el ulterior desarrollo de la descentralización política
del Estado no va a depender de esa calificación: dependerá del
principio dispositivo, de la voluntad de los propios territorios
interesados en acceder a la autonomía.
Como es un problema de conciencia colectiva, de que los ciudadanos
de esos territorios se reconozcan -a través de sus tradiciones
culturales, peculiaridades geográficas y económicas o historia
común- como nacionalidad o como región, han de ser los estatutos de
autonomía los que califiquen al substrato socio-político de una u
otra manera. Así, existen territorios que se califican como
nacionalidad, otros como región y otros optan por no pronunciarse.
Nuestro Estatuto de Autonomía, tras la reforma de 1996, establece
que Canarias, en el ejercicio del derecho al autogobierno que la
Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en
Comunidad Autónoma.
En
definitiva, se trata de una cuestión socio-política, de cómo se
percibe una determinada colectividad con características históricas,
culturales y económicas comunes, que no va a tener necesariamente
consecuencias jurídico-constitucionales y que, si bien refleja el
grado de identidad cultural o política que posee esa comunidad, no
va a predeterminar el ulterior proceso autonómico.
Por todo ello, esa distinción entre nacionalidades y regiones no
afecta a la posición constitucional que puede llegar a ocupar cada
comunidad en el Estado autonómico. Serán, a lo sumo, otras
circunstancias las que puedan producir distinciones cualitativas y
cuantitativas entre las distintas comunidades originando una
asimetría constitucional, circunstancias tales como la existencia de
hechos diferenciales -como la lengua o el derecho foral y entre los
que destaca sobremanera la lejanía y el hecho insular- que, éstos
sí, implican la aplicación de un régimen constitucional-estatutario
singular -distinto del régimen común- a determinadas comunidades
autónomas.
Estado – Nación –
Nacionalidades y regiones
“La Constitución aparece, como no podía ser menos, como emanación de
la voluntad de toda la Nación Española y está destinada a
«consolidad un estado de derecho» y «proteger a todos los españoles
y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones», según reza el
Preámbulo, «Se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
Española, patria común e indivisible de todos los españoles», aunque
a renglón seguido «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre
todas ellas».
Se
ha dicho muchas veces que lo más original – también lo más
problemático – es la nueva concepción del Estado y de su
organización político-territorial; la voluntad implícita de
proceder, como se ha llegado a escribir, a la «refundación del
Estado en España». «El Estado se organiza territorialmente en
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan», cuyos Estatutos particulares el Estado «reconocerá y
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico»
(artículos 137 y 147)
La
reorganización política era, indudablemente, el gran desafío de la
España del momento y la Constitución expresa la voluntad y el
esfuerzo para integrar sin la menor reticencia a los nacionalismos
periféricos y definir fórmulas de concordia política sobre bases
progresistas hasta mucho más allá de donde había llegado el régimen
republicano en 1931. [...]
En
el texto del Anteproyecto no aparecía la «nación española» y España
era apenas «el Estado» constituido por «nacionalidades y regiones»,
identificando a ese Estado, un término muy querido y usado por los
franquistas, tan sólo con la maquinaria del Poder central; un ente
sólo fruto del centralismo. El término de «nacionalidades»,
jurídicamente inapropiado, fue introducido por el ponente centrista
Herrero R. de Miñón con la intención confesada de satisfacer a
nacionalistas vascos y catalanes; un cálculo, a la postre, muy
equivocado y peor que inútil. «Desde hace tiempo yo, personalmente,
defiendo la necesidad de introducir el término “nacionalidades”,
expresivo de la personalidad y organización de ciertos pueblos que
son más que regiones naturales. Y no atenta contra la unidad y
solidaridad de España» (Cit. en E. López Aranguren: La conciencia
regional en el proceso autonómico español. C. I. S., 1982, p.
37). Más que simples «regiones naturales» lo son todas regiones
históricas, en España y fuera de ella. El brillante Herrero echa
mano de un argumento muy simplista. El equívoco del término
contribuyó a que el diputado radical vasco F. Letamendía pretendiera
ya entonces sustituir el concepto de «nacionalidades» por el de
«naciones».
Por
otro lado, la Constitución no prejuzga cuáles sean tales
nacionalidades; lo deja para las definiciones recogidas en los
posteriores Estatutos. Se ha tenido que recordar más tarde que el
término de nacionalidad «no implica consecuencias jurídicas
especiales», y «cierra tajantemente el paso a la consideración según
la cual la autodeterminación, la consecución del propio Estado, sea
el desenlace irreversible de la conciencia nacionalista. El poder
constituyente soberano sólo se atribuye a la nación española». (J.
J. Solozábal, Sistema, n. 38-39, 1980, p. 273). [...]
«Las regiones autónomas no son portadoras de soberanía o de un
derecho de autodeterminación que les consienta celebrar alianzas
políticas al margen de la Constitución.» No tienen poder
constituyente y la Constitución de ninguna manera es un pacto entre
un Estado de perfiles evanescentes y unas CC. AA. que sólo pueden
nacer a partir de la Constitución; no la preexisten ni tienen
sentido sino en el marco de la unidad española. Vid. Rodríguez
Zapata, en Alzaga, Dir.: Comentarios..., T. XI, pp. 62-64.
En
el mismo sentido se manifiestan Lucas Verdú y otros
constitucionalistas en la misma obra (T. X, p. 397): la solución
federal queda expresamente rechazada por el constituyente; el poder
de las CC. AA. «no es originario, sino derivado del estatal. Las CC.
AA. no preexisten y no son independientes del Estado ... han surgido
por voluntad del poder constituyente en virtud de la soberanía del
pueblo español como soberano antes de la Constitución».“
[González Antón, Luis: España y las Españas. Madrid: Alianza
Editorial, 1998, pp. 640 ss. y 673 ss.]
Los
equívocos del «hecho diferencial»
“El sentimiento
visceralmente antiigualitario de los nacionalismos no es una característica
accidental; forma parte de su esencia misma. La conciencia subjetiva y la
voluntad de ser considerados diferentes de los “otros” – el nacionalismo
siempre «necesita la “otredad” para conservarse», como señala Aranzadi – se
pretenden convertir en razón de ser de derechos especiales. La afirmación
voluntarista de un exclusivo «hecho diferencial» se utiliza para obtener
ventajas político-jurídicas incompatibles con un orden político medianamente
justo, como han señalado Peces Barbas o Tomás y Valiente. Es la primera crítica
de fondo que merece el argumento diferencialista; pero hay otras.
La segunda es
que el argumento mismo se plantea desde el comienzo de manera viciada y
primaria: catalanes y vascos se sienten diferentes del resto de los españoles,
como si éstos formaran un todo homogéneo. Pero ese mismo discurso puede
reproducirse hasta el infinito: los navarros eran distintos de los
guipuzcoanos, y los extremeños de los navarros; los murcianos de los
asturianos, los andaluces de los valencianos y los canarios de los aragoneses.
EL principio mismo esgrimido por los nacionalistas de que España es plural, que
está formada por muchos pueblos diferentes, no puede ser utilizado encerrándolo
en límites caprichosos a conveniencia. El derecho a «sentirse» diferentes no
puede negarse a nadie y en ningún caso puede ser fuente de ventajas
particulares.
En tercer lugar,
ese manojo capcioso de «hecho diferencial» niega lo obvio: que el sistema de
Estatutos de Autonomía particulares, aprobados por los “pueblos”, ha sido y es
desde el principio la fórmula constitucional prevista precisamente para dar
cabida a los distintas «hechos diferenciales». Fue desde la conciencia de sus
diferencias históricas o culturales y del deseo de potenciarlas y defenderlas
como vascos y catalanes, con un papel determinante de los nacionalistas,
redactaron y sometieron a referéndum popular sus Estatutos respectivos. Eran
las reglas del juego democrático constitucional que, en el ejercicio de su
soberanía, definieron todos los españoles. El juego ya está jugado; los
Estatutos pueden reformarse, pero cada uno ya se concibió en función de los
«hechos diferenciales», reales o supuestos; no se puede seguir arguyendo tal
cuestión de manera indefinida, como instrumento de presión contra el Estado de
todos.
Por otra parte,
el voluntarismo diferencialista se apoya en otra falacia de bulto y extraordinariamente
primaria: la de que todas las gentes de la región «diferente» forman un cuerpo
social homogéneo y monolítico, con unos rasgos exclusivos y petrificados desde
hace siglos. La hipertrofia del argumento diferencialista y la insistencia en
sacarlo perennemente a colación puede acabar por volverse en contra de los
propios nacionalistas: los araneses ya empezaron a defender su especificidad
respecto al resto de catalanes; en esa misma vestidura pueden envolverse con
todo derecho los alaveses o las gentes de Las Encartaciones de Vizcaya respecto
de los demás «vascos»; la pequeña minoría vascoparlante de Navarra o las gentes
de las zonas de lengua castellana de la Comunidad valenciana; y así, ahsta el
infinito. ¿Dónde poner término a los argumentos sobre el «hecho diferencial»?” [González Antón,
Luis: España y las Españas. Madrid:
Alianza Editorial, 1998, pp. 699-700]
Vivere libero
Fernando Savater
El País - 6 de diciembre de 2001
Los términos políticos suelen ser más performativos que informativos:
es decir, pretenden acuñar proyectos mejor que limitarse a nombrar
realidades objetivamente establecidas. De ahí que no susciten meras
objeciones por su falta de exactitud sino a veces alarmas y recelos
de índole mucho más pugnaz. Algo de esto hay, por ejemplo, en el
artículo que Jordi Solé Tura (EL PAÍS, 24 de noviembre de 2001)
dedica a la expresión ‚patriotismo constitucional’, rótulo litigioso
con el cual el PP va a presentar una ponencia en su próximo
congreso. Hace años, en circunstancias que Solé Tura reputa
difíciles pero distintas a las de hoy, también el PSOE recurrió a
esa fórmula hecha célebre por Habermas aunque luego -según el
articulista-renunció a ella porque no llevaba a ninguna solución
concreta y se limitó sencillamente a aplicar el legado de la
Constitución. Que el PP recupere ahora ese asunto, cuando la
historia reciente ha dado ya varios pasos hacia donde sea, inquieta
al senador catalán: ‚Que haya incluido en el programa de su futuro
congreso una ponencia sobre el llamado ‚patriotismo constitucional’,
como si la Constitución esté (sic) en peligro de vida o muerte, y
haya encargado de la redacción de la misma a un catalán y a una
vasca, sólo puede significar que el patriotismo en cuestión es otra
cosa y, de hecho, una andanada contra los nacionalismos de ambas
zonas’. La verdad, no acierto a ver por qué razón hablar de
patriotismo constitucional implica necesariamente la suposición de
que la Constitución está en peligro -puede pretenderse sencillamente
hacer explícita una forma determinada de vivir la adhesión a ella-
ni mucho menos comprendo en qué medida el que sean catalán y vasca
los ponentes certifica la voluntad de arrinconar a nadie en Cataluña
o el País Vasco (¿el que fuesen un murciano y una extremeña hubiera
parecido más tranquilizador a Solé Tura?). Pero sin duda el tema
merece cierto análisis, ahora que estamos en fechas de conmemoración
constitucionalista.
Lo que Habermas pretendió poniendo sobre el tapete la cuestión era
reunir de nuevo la conciencia nacional y el espíritu republicano,
disociados en Alemania desde 1848. La idea de patriotismo
constitucional opone la nación de los ciudadanos al mito prepolítico
del ‚pueblo’ como comunidad natural de lengua y cultura. Según
Habermas, este tipo de patriotismo legitima y asume diversas formas
de vida o cultura, aceptándolas todas en una república no excluyente
abierta al más amplio pluralismo y a varias formas de mestizaje. Su
planteamiento se define frente a las distintas advocaciones del
pensamiento comunitarista, no sólo al nacionalismo sino también al
patriotismo republicano tradicional, que él supone de origen
aristotélico (MacIntyre y Taylor no parecen ajenos a este
antagonismo). De lo que se trata, en suma, es de configurar un
sentimiento de pertenencia que refuerce las razones abstractas de la
ciudadanía participativa pero estilizado a través de la
argumentación institucional de ésta: algo que vaya más allá del
calor de establo de la tribu pero que no nos deje solamente en la
fría compañía de la ley. Cosa urgente a su modo peculiar en la
Alemania actual, pero que desde luego tampoco puede resultarnos
ajena en otras naciones multiétnicas como la nuestra, donde no
faltan pulsiones excluyentes que amenazan seriamente la convivencia.
Sin embargo, la respuesta de Habermas no es ni mucho menos la única
posible ante el problema. La bibliografía reciente sobre el asunto
es abundante y basta para hacerse una idea de ella darse una vuelta
por el excelente número 24 de la revista Isegoría, editada por el
Instituto de Filosofía del CSIC. Uno de los autores que figuran en
ese número, Maurizio Viroli, ha publicado también un libro muy
interesante (Por amor a la patria, Acento editorial) en el que
defiende el patriotismo republicano que descarta Habermas. Viroli no
lo entronca con Aristóteles, sino con autores de la república
romana, de los que derivan las versiones modernas del patriotismo
como la de Maquiavelo, que lo centró en el vivere libero, es decir
en el amor a la libertad común y las instituciones que la sustentan
pero no en la homogeneidad cultural o lingüística. Este patriotismo
se opone a la visión nacionalista y ‚la diferencia crucial reside en
la prioridad de énfasis: para los patriotas, el valor principal es
la república y la forma de vida libre que ésta permite; para los
nacionalistas, los valores primordiales son la unidad espiritual y
cultural del pueblo’. Los patriotas no nacionalistas entienden la
virtud cívica como el apego a las libertades públicas y a las
instituciones que las garantizan, nunca como la vinculación a la
unidad étnica y religiosa de un pueblo.
‚El patriotismo entendido como un deseo de libertad -recuerda
Viroli- funciona como una fuerza que incluye y unifica; une, no
separa o excluye’. Pero quizá el patriotismo progresista debe
intentar una formulación más cálida, con mayor tono de afectividad
concreta que la mera adhesión a los enunciados constitucionales
propuesta por Habermas: ‚La izquierda democrática tiene que combatir
al nacionalismo en su propio campo; debe tener una respuesta a la
necesidad de una identidad nacional, y su respuesta debe ser
diferente a la del nacionalismo; no debe abandonar el campo de
batalla pero no debe unirse a las filas del enemigo’. Que no se me
olvide decírselo a Madrazo en cuanto le vea... Y Viroli concluye así
su texto publicado en la revista del Instituto de Filosofía: ‚La
ciudadanía no nace de los lazos de la nacionalidad. Los pueblos más
homogéneos cultural, religiosa o étnicamente no son los que tienen
mayor espíritu cívico. Por el contrario, tienden a ser intolerantes,
prejuiciosos y aburridos. La política, la verdadera política
democrática, se basta para construir la ciudadanía. No necesita
ayudantes incómodos’.
La postura de Dominique Schnapper, autora de La comunidad de los
ciudadanos (Alianza ed.), difiere tanto de la de Habermas como de la
de Viroli. Ella defiende el concepto mismo de ‚nación’ como
comunidad de ciudadanos, sin implicaciones prioritariamente étnicas.
Al contrario, a su parecer hablar de ‚nación étnica’ es una
contradicción en los términos, ya que lo propio de la nación es
arraigar reconciliadamente las identidades y pertenencias vividas
como naturales por medio de la abstracción institucional de la
ciudadanía. Por supuesto, señala, las etnias no son más ‚naturales’
que las naciones: también son construcciones históricas y a menudo
más recientes que los propios Estados nacionales. Pero la nación
subsume la diversidad étnica sin mutilar de emociones simbólicas a
los ciudadanos: ‚El reconocimiento político de las etnias,
integradas en la nación, lleva a la desintegración y a la impotencia
del Estado; el Estado, cuando se vuelve demasiado poderoso, tiránico
o totalitario, absorbe a la nación y destruye la comunidad de
ciudadanos. Entre la etnia y el Estado hay que dejar lugar a la
nación’. De modo que entonces el nacionalismo no será algo negativo.
Pero hay dos modelos de nacionalismo, que Schnapper -citando a Eric
Weil- llama respectivamente el occidental y el de la Europa del
Este: el primero es ‚político, preocupado por la liberación del
individuo, de intenciones cosmopolitas, que afirma la pluralidad de
los valores de una sociedad evolucionada y que vive bajo una ley
aceptada libremente (al menos en principio)’; el segundo es
‚expresión de un sentimiento de inferioridad de grupos lingüísticos
que no poseen una organización política propia, formado en el mito
de un valor natural, en una prehistoria idealizante, en una
‚conciencia de sí’ que no comporta más que derechos (siempre
desconocidos por los demás), en una ideología que no está destinada
a justificar una realidad sino a transformar aquella ante la que se
encuentra’. De nuevo la englobadora comunidad de ciudadanos frente a
la disgregación en etnias comunitarias.
¿Patriotismo constitucional, patriotismo republicano, nación de
ciudadanos? No sé cuál es la fórmula más adecuada -cada una tiene
sus ventajas y sus inconvenientes- pero en los tres casos se trata
de afrontar el mismo problema: el despedazamiento de los Estados de
derecho pluralistas en nombre de la homogeneidad políticamente
instituida de las identidades étnicas. O sea, cómo la sociedad de
los iguales ante la ley podrá resistir a la sociedad de los
idénticos según la peculiaridad de la pureza cultural. También
ignoro el perfil que dará el PP a la ponencia de su congreso. Lo que
me parece importante destacar es que los tres modelos comentados
coinciden en que sus planteamientos patrióticos no se agotan en el
enfrentamiento con la extrapolación del etnicismo: exigen también
mecanismos prácticos de protección social y educación pública para
luchar contra las dos lacras que imposibilitan la ciudadanía, a
saber, la miseria y la ignorancia. Y presuponen un respeto a la
legalidad compartida que veda los sectarismos partidistas, como los
que hemos visto en correligionarios de los implicados en el caso
Gescartera o en el de los fondos reservados. El vivir libremente de
los ciudadanos es tan incompatible con la hipóstasis de las etnias
como con la solidaridad de las mafias.
